miércoles, 9 de febrero de 2011

Fraude de acreedores. La acción pauliana. La acción revocatoria. PARTE 2.

Regulado en el artículo 1.111 del Código Civil, la acción revocatoria o acción pauliana se refiere a la posibilidad en manos de los acreedores,  que después de haber perseguido los bienes en posesión del deudor, para cobrar cuanto se les debe, pueden impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude del derecho de los acreedores.

Es decir, tratar de anular las compraventas fraudulentas u otros actos jurídicos efectuados por el deudor e intentar que los bienes vendidos reviertan nuevamente al patrimonio del acreedor, para poder exigir el pago con ellos del crédito que ostentan.

Por tanto, la acción revocatoria, según la definición ofrecida por el Código Civil, tiene por objeto privar de eficacia a los actos de enajenación fraudulentos realizados por el deudor.  A esta acción se la denomina también “acción pauliana”, por haber sido, formulada por el Jurisconsulto romano Paulo. Conviene tener en cuenta que esta acción tiene el carácter de subsidiaria y el acreedor sólo podrá ejercitarla cuando no cuente con un medio de satisfacer su derecho de crédito, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1291.3 del CC son rescindibles los contratos “celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”.

El presupuesto fundamental de la acción revocatoria es la actuación fraudulenta del deudor,  elemento subjetivo que requiere que, el deudor haya tenido conciencia o, al menos, conocimiento de que la enajenación realizada supone un perjuicio  para sus acreedores. La prueba de la conducta fraudulenta del deudor resulta ser en la práctica de una enorme dificultad.

Por ello, el Código Civil sienta en el artículo 1297 dos presunciones respecto de este tema, dirigidas a proteger la posición del acreedor.

 La primera de estas presunciones se refiere a la celebración en fraude de acreedores de todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito.

La segunda presume fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes.

¿Cómo afecta la acción revocatoria o acción pauliana al  tercer adquirente de los bienes enajenados, bien a títulos gratuito u oneroso? ( en este sentido, el tercero puede haber adquirido los bienes de buena fe, desconociendo la intención o el ánimo fraudulento del deudor o, por el contrario, puede haber participado en el fraude en perjuicio de los acreedores).

Si el tercer adquirente lo es de mala fe, resulta evidente que la posición de éste no merece ninguna protección por nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, la rescisión del contrato le afectará directamente, quedando obligado a devolver lo adquirido o, en último término, a indemnizar a los acreedores, tal como expresamente previene el artículo 1298 del CC: “El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuere imposible devolverlas.

Por el contrario, si el tercer adquirente lo es de buena fe y ha adquirido los bienes o derechos a título oneroso no hay razón alguna que aboque a preferir al acreedor sobre el adquirente de buena fe.

En este sentido, los artículos 1295.3 del CC y artículo 37 de la Ley Hipotecaria, establecen los principios básicos de la buena fe y de la protección del tráfico que conducen, inevitable a afirmar que la transmisión habida no puede ser objeto de revocación o rescisión. En este caso, la eficacia de la acción revocatoria quedará limitada a la puramente indemnizatoria y la obligación de indemnizar pesará única y exclusivamente sobre el deudor fraudulento, cuya situación patrimonial será cercana a la insolvencia.

 Por tanto, en el caso de que el adquirente no haya participado en el fraude en cuestión – más bien en el caso de no poder probar la participación -, la operatividad de la acción revocatoria en virtualmente nula y pone de manifiesto su escasa utilización práctica.

El plazo de ejercicio de esta acción rescisoria viene dispuesto en el artículo 1299.1. Señala este precepto que: “La acción para pedir la rescisión dura cuatro años”. Este plazo será, en este caso de caducidad y comenzará a computarse desde el día de la enajenación fraudulenta (cfr. artículo 37, penúltimo de la Ley Hipotecaria).

En íntima relación con este tema, se encuentra, en la esfera penal, las denominadas insolvencias punibles, entre ellas, el alzamiento de bienes y sus diferentes modalidades, que vienen reguladas en el Código Penal de la siguiente manera:

Artículo 257. 1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses: 1. El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. 2. Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. 2. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada. 3. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursal.

Artículo 258. El responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 259. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses, el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.

Artículo 260. 1. El que fuere declarado en concurso será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa de ocho a 24 meses, cuando la situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre. 2. Se tendrá en cuenta para graduar la pena la cuantía del perjuicio inferido a los acreedores, su número y condición económica. 3. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del proceso civil y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa. 4. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la jurisdicción penal.

Artículo 261. El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses.

Las lecciones, tomando en cuenta el desarrollo de la ley aplicable, son muy claras. Tratar de evitar la traba de un embargo sobre el patrimonio del deudor en perjuicio de los acreedores no resulta efectivo, dado que al margen del costo económico de los actos de disposición patrimonial, las consecuencias jurídicas derivadas de tal conducta y los perjuicios económicos agravados son mayores. Desde nuestro punto de pista, la mediación basada en la conciliación de intereses, un buen código de conducta y el uso de los instrumentos jurídicos vigentes, como la Ley Concursal o la Ley de Enjuiciamiento Civil, son en la mayoría de los casos, suficientes para poder acordar con los acreedores, la manera de cumplir con los compromisos adquiridos